La extensión de la Ley de Incentivo Tributario a la I+D hasta 2035, aprobada recientemente por el Congreso Nacional, no es solo una excelente noticia para la innovación empresarial en Chile por ser una prórroga administrativa, sino porque representa una declaración de principios sobre el tipo de país en el que nos queremos convertir. Un país que sin darle la espalda a sus ventajas comparativas en recursos naturales, apuesta por el único recurso verdaderamente infinito, el conocimiento humano aplicado a resolver problemas reales.

Esta apuesta se justifica con una cifra reveladora que pone en perspectiva nuestro desafío. Según las últimas cifras dadas a conocer por la ministra Aisén Etcheverry en la Cuenta Pública 2025 del Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, Chile pasó de invertir 0,39% del PIB en Investigación y Desarrollo (I+D) en 2022 a un 0,41% en 2023, cifra que, si bien representa un aumento positivo, está lejos del 1% acorde al actual ingreso por habitante. Durante 25 años, hemos navegado en aguas tibias entre el 0,31% y 0,41%, mientras los países OCDE surcan hacia adelante con un promedio del 2,7%. Esto en parte explica por qué la tasa de innovación empresarial en Chile, que alcanzó un 10,7% en 2022, está lejos del 50% promedio de este grupo de países desarrollados. Además, si consideramos que la tasa de retorno de la inversión en I+D en empresas chilenas asciende al 30%, casi el doble del retorno a la inversión en capital (16%), claramente el mundo empresarial y el país pierden por el bajo esfuerzo realizado en desarrollo y aplicación de conocimiento en el mundo productivo.

La anatomía de este rezago revela una paradoja chilena que la extensión de la Ley I+D puede ayudar a resolver. Mientras en las economías desarrolladas dos tercios de la inversión en I+D proviene del músculo empresarial, en Chile, esta cifra apenas alcanza el 40%. El sector privado, ese motor de la innovación que debiera rugir con fuerza, susurra tímidamente. Es aquí donde esta extensión a la Ley I+D representa una clara señal de que el Estado mantiene su convicción de potenciar justamente la inversión que realizan las empresas en nuevo conocimiento. Los países más desarrollados lo han entendido así: 34 de los 38 países miembros de la OCDE implementan mecanismos de incentivos tributarios, los que a su vez representan más del 55% del apoyo gubernamental total para la I+D empresarial.

Pero los números de la Ley I+D cuentan una historia de despertar que confirma una transformación en marcha que no podía quedar inconclusa: entre 2012 y 2024, 1.780 proyectos pertenecientes a 902 empresas únicas postularon al beneficio tributario establecido por la Ley de I+D, y el 81% de estas empresas logró al menos la certificación de un proyecto, alcanzando una tasa de certificación de proyectos de un 74%, y una tasa de certificación de montos de un 62,6%. Como resultado, 1.313 proyectos de 731 empresas han hecho uso del incentivo tributario en este período, alcanzando una certificación total de $980.000 millones.

Enfoquémonos en 2024, periodo que refleja que esta revolución silenciosa está redibujando la geografía de la innovación chilena: el 62% de los montos certificados en 2024 corresponden a regiones fuera de la Metropolitana, demostrando que la descentralización de la I+D e innovación es posible. Los Lagos lidera con el 28,4% y Valparaíso aporta el 14,6%, evidencia de que la innovación basada en I+D no necesita código postal santiaguino para florecer. 

En cuanto a sectores, la pesca y acuicultura encabezan las industrias que apostaron por nuevo conocimiento para abordar sus desafíos con la Ley I+D, con $22.679 millones (33% del total), seguida por minería y metalurgia extractiva con $12.950 millones (19%), y el sector agrícola con $10.511 millones (15%). Estos sectores, tradicionalmente percibidos como "commoditizados", están escribiendo su propia narrativa de sofisticación tecnológica.

Quizás el dato más revelador es el salto cuántico de las mipymes, que demuestra la democratización real de la I+D. Aunque el número de empresas disminuyó, sus montos certificados a través de la Ley I+D se dispararon un 110% respecto a 2023, pasando del 1% al 10% del total certificado. Evidencia de que la importancia de la I+D, como habilitante de la innovación, ha ido permeando en las mipymes, convencidas de que la I+D no es patrimonio exclusivo de las grandes corporaciones y las Empresas de Base Científico-Tecnológica (EBCT); que la innovación no es un "hobby de país rico", sino exactamente lo contrario, es la razón por la cual los países han llegado a ser más prósperos; y que la innovación no tiene que ser exclusiva de la NASA.

Sin embargo, la realidad nos confronta con una paradoja frustrante que evidencia el potencial desaprovechado. De las casi 3.000 empresas que realizan I+D en Chile, un tercio declara conocer la ley, pero solo el 8,5% dijo utilizarla realmente (según Encuesta sobre gasto y personal en Investigación y Desarrollo (I+D), año de referencia 2022). Esto significa que el mundo empresarial está dejando sobre la mesa beneficios tributarios equivalentes a casi US$250 millones. De hecho, si estos montos fueran reinvertidos en el desarrollo y aplicación de nuevo conocimiento, el gasto total en I+D de nuestra economía podría haber alcanzado el 0,48% del PIB en 2023, solo con esfuerzos adicionales del sector privado.

De cara al 2035, esta extensión también nos plantea un reto institucional que asumimos con determinación desde Corfo para maximizar su impacto. Debemos destruir los mitos que rodean a la Ley I+D, empezando por el más persistente, su supuesta complejidad. La realidad es más simple de lo que muchos creen. No estamos hablando de laberintos burocráticos ni de riesgos tributarios que mantengan despiertos a los contadores. Estamos hablando de un derecho empresarial diseñado para ser utilizado, no para ser temido. De hecho, ocho de cada diez empresas que intentaron aplicar entre 2012 y 2024 tuvieron éxito en al menos una iniciativa. Porque no es un beneficio competitivo en su asignación, sino un derecho que tienen las empresas por invertir en I+D.

A las empresas que realizan I+D y que me leen, les digo que tienen una gran oportunidad al frente de ustedes. No requiere conexiones especiales, no demanda equipos de abogados tributarios, no necesita años de preparación. Requiere una sola cosa, que estén haciendo investigación y desarrollo. El resto es papeleo que podemos resolver juntos.

La oportunidad está al frente. El momento es ahora. La década dorada de la innovación chilena, si todos nos unimos, podría ya estar en marcha.